Durante siete años miles de jubilados y pensionados de todo el país fueron engañados. Sistemática y compulsivamente, la cooperativa de vivienda, crédito y consumo Ferromar Ltda. realizó descuentos indebidos a través de códigos proporcionados por la propia Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El mecanismo de deducciones arbitrarias e ilegales se inició a mediados del año 2001 y se mantuvo durante varias administraciones, incluso en la gestión del ahora ministro de Economía, Amado Boudou.
Los beneficiarios de haberes previsionales detectaban en sus recibos dos códigos: el 325-011, correspondiente a la cuota afiliatoria a Ferromar, y el 398-011, que representaba la prestación de servicios de emergencia y ambulancias.
En todos los casos, sin autorización de los beneficiarios, la Anses entregó a la cooperativa los datos personales y la habilitó para realizar los descuentos compulsivamente a miles de personas en diversas provincias.
Así, mes tras mes, se deducían montos mínimos que, originariamente, oscilaban entre 1,70 y 2,10 pesos, hasta llegar, el año pasado, a casi 6 pesos. Los descuentos jamás guardaron una lógica: variaban de damnificado a damnificado y tampoco respetaban un ordenamiento territorial, ya que hubo casos en provincias como Corrientes y Santiago del Estero y en otras del sur.
Todo ello ha hecho imposible calcular con exactitud el número de perjudicados
y el monto recaudado por Ferromar, aunque las estimaciones son varias veces millonarias.
Según los propios damnificados, la Anses conocía perfectamente la irregular operatoria de Ferromar. De hecho, la primera explicación que obtenían quienes eran interrogados por esos descuentos era en los centros de atención del organismo estatal, donde se les notificaba que habían sido incorporados a la cooperativa.
La relación entre ambas entidades tiene una fecha de inicio: el 14 de julio de 1999. Ese día las autoridades de la cooperativa firmaron un contrato con la Anses en el que se estipuló un mínimo de afiliados necesarios para funcionar como prestadora de servicios.
Sin embargo recién a mediados de 2001 entraron en vigencia esas codificaciones, y comenzaron a llevarse a cabo los descuentos. Para ese entonces, apenas un centenar de jubilados vio afectados compulsivamente sus haberes.
La situación de desprotección se profundizó en agosto de 2005, cuando el organismo estatal implementó un nuevo sistema digitalizado de deducciones (e@descuentos), mediante el cual se realizaban casi automáticamente los descuentos y se enviaba directamente a las cuentas de las mutuales el dinero de la cuota afiliatoria y de servicios.
Según testimonios, el aumento en los montos de las deducciones -de 1,70 a más de 5 pesos, y en algunos casos hasta 12 pesos- sucedió en esa época, al igual que el incremento en las afiliaciones no autorizadas.
Con e@descuentos funcionando, la cantidad de damnificados por los descuentos masivos fue creciendo considerablemente, y las denuncias ante la Anses habrían llegado a superar las 17.000.
Fue entonces cuando Ferromar comenzó a responder las críticas, argumentando un error involuntario de los data entry. Una explicación más que dudosa si se tiene en cuenta que los primeros casos denunciados de descuentos indebidos datan de mediados de 2001, cuatro años antes del sistema informático de deducción.
Parte de los pasos legales para una incorporación de este tipo consiste en que los afiliados necesariamente deben presentar una ficha de afiliación, algo que no sucedió en ninguno de los casos denunciados.
A ello debe sumarse que la mayoría de los jubilados que poseían el supuesto coseguro nunca tuvo acceso a un carné, ni a cualquier otro tipo de documentación, que certificara su afiliación y permitiera conocer sus derechos y hacer uso efectivo de las prestaciones.
En consecuencia, se hace impostergable un interrogante: ¿cómo una cooperativa sin experiencia ni trayectoria en el rubro de los servicios de emergencia, ni una gran estructura de cobertura del país, logró sellar un acuerdo de esa magnitud con la Anses?
La respuesta sigue sin aparecer. Tanto en el organismo estatal como en la cooperativa, el error que habría costado varios millones de pesos y que perjudicó a miles de personas fue minimizado a un accidente humano.
El engaño ante la Justicia
La denuncia de una damnificada, Martha De la Fuente, fue la primera en prosperar en la Justicia Federal. El 22
de febrero de 2006 la mujer decidió radicar una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
En su presentación imputó a Ferromar el delito de defraudación y falsificación
de documentos públicos, al igual que a la Anses -por entregar los datos personales de sus beneficiarios- y a Julio Alberto Garialde, en su calidad de presidente de la cooperativa.
El proceso fue aumentando de magnitud, ya que incluyó nuevas denuncias que surgían desde distintas ciudades del país, hasta alcanzar los 3.000 hechos de descuentos indebidos, efectuados en el período comprendido entre enero de 2001 y octubre de 2008.
Anteriormente hubo otra causa contra Ferromar. Se trató de una denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata.
Del grupo, veintinueve personas habían sufrido un descuento ilegítimo por parte de la cooperativa, que fue fundamentado -y respaldado por la decisión judicial- como un error involuntario.
En ese dictamen también se incluyeron otras denuncias, que sumaron los 1.028 casos de incorporación accidental.
Este antecedente favorable motivó a
la cooperativa a anteponer un pedido
de cosa juzgada para dejar sin efecto la causa penal colectiva que se le sigue.
La sala I no hizo lugar al pedido y la decisión fue apelada en la Cámara Nacional de Casación Penal. En esa instancia judicial, los camaristas Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci sostuvieron que el dictamen previo -de 2006- no era, de ninguna manera y bajo ninguna consideración, extensible al universo de damnificados durante los siete años de descuentos compulsivos.
Con la connivencia o la desidia de la Anses de su parte, le empresa Ferromar continúa operando inescrupulosamente sobre los haberes de jubilados y pensio-nados.
Con los nuevos testimonios que indican la realización de más descuentos efectuados durante este mismo año, se eivdencia que la mecánica del engaño se mantiene intacta.
Fuente: http://www.latecla.info/v8/latecla/index.php?page=revistas.VerRevista&id=336&id_nota=17776&PHPSESSID=pvq596hkje7882srlmvt6bld96
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