BUENOS AIRES,
SEÑOR PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
S. / D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a ud con motivo de solicitarle quiera tener a bien disponer el otorgamiento de las vacantes congeladas de la planta permanente de este Organismo.
Motiva este pedido la inquietud sobre este particular que han demostrado varios de nuestros afiliados, que al tomar conocimiento que existen antecedentes en este Instituto de la asignación de categorías C y B tienen el legítimo interés de participar de esta “segunda etapa” que se pretende sea con REGLAS CLARAS.
Recordamos que la asignación de vacantes en la primera fase se llevó a cabo sin mediar proceso de selección ni poner en conocimiento de TODO EL PERSONAL de la oportunidad que se presentaba, generándose de esta manera una falta total de IGUALDAD DE OPORTUNIDAD y de TRANSPARENCIA, situación que esta Delegación ATE no quiere volver a padecer.
Para evitar que se vuelva a generar otro proceso similar totalmente ARBITRARIO solicitamos se tomen las medidas que estime corresponder de manera de asegurar la igualdad de oportunidad y la transparencia. Donde prevalezca el principio del mérito de idoneidad para desarrollarse en el ejercicio de la función pública, y que excluye toda consideración de naturaleza política, religiosa, racial o de cualquier otra índole ajena al mérito de aptitud, para la administración de los recursos humanos estatales. Entendiendo por Idoneidad la capacidad, aptitud, actitud y competencia de un trabajador para desempeñar un puesto, valorados sobre los conocimientos adquiridos vía capacitación y por la experiencia en los puestos de trabajo. Y por MERITO: La selección de las personas más capaces que asegura una mejor y más efectiva prestación de los servicios públicos. Eso se logra buscando métodos de selección basados en la formación académica, conocimientos, experiencia, desempeño. Dando esto como resultado objetividad que se manifiesta con la actuación libre e imparcial, primacía del bien común, estabilidad y profesionalismo y como consecuencia directa CREDIBILIDAD, confianza en la actuación de la Administración Pública, seguridad de imparcialidad, neutralidad y por ende Institucionalidad
Sería muy positivo que se encontrara la manera de realizar una selección de candidatos que permita contribuir a la continuidad del funcionamiento administrativo del Estado, aprovechando los conocimientos, capacidades y experiencia de los funcionarios públicos de carrera teniendo como PRINCIPIOS RECTORES: TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD
Desterrando de esta manera la prepotencia y el favoritismo en la toma de decisiones, y logrando que la ciudadanía confíe de nuevo en sus autoridades, como siempre debió haber sido.
jueves, 17 de septiembre de 2009
viernes, 11 de septiembre de 2009
SINEP - ¿partidocracia o MERITOCRACIA?
PARTIDOCRACIA
La partidocracia es dañina porque trae consigo un reparto inequitativo de las funciones públicas, en base a criterios de confianza política, que termina afectando el buen desempeño de la Administración Pública, porque los funcionarios así elegidos, muestran una clara inclinación a poner mayor empeño en mantener buenas relaciones con las cúpulas hegemónicas partidarias, que brindar un servicio público eficiente. Se sirve al partido, o más concretamente, a una de las facciones hegemónicas de éste, antes que al país. La conformación de la burocracia estatal atendiendo a criterios partidistas, atenta contra el mérito profesional de los empleados, y no permite que asuman compromisos con la eficiencia en el servicio
La partidocracia favorece la corrupción, porque lleva implícita la idea de que la Administración Pública es un botín de campaña que tiene que ser saqueado por la facción política que obtuvo el beneficio popular, y, como siempre queda latente la posibilidad de perder las elecciones siguientes, se tiene claro que habrán despidos o renuncias en masa, por lo que el funcionario o empleado público no va a servir al cargo, sino a servirse del cargo.
MERITOCRACIA
En este sistema debe prevalecer el principio del mérito de idoneidad para ingresar, permanecer y desarrollarse en el ejercicio de la función pública, y que excluye toda consideración de naturaleza política, religiosa, racial o de cualquier otra índole ajena al mérito de aptitud, para la administración de los recursos humanos estatales. Los principales beneficios para los servidores de carrera son: el ingreso por méritos a la Administración Pública, la estabilidad en el empleo estatal y la profesionalización, el desarrollo y las posibilidades de promoción horizontal y vertical dentro de la esfera gubernamental.
.
La meritocracia permite la eliminación o reducción del nepotismo, el clientelismo y toda práctica de gestión pública que no tome en cuenta el mérito de idoneidad para ingresar y permanecer en la función pública. Entendiendo por Idoneidad la capacidad, aptitud, actitud y competencia de un trabajador para desempeñar un puesto, valorados sobre los conocimientos adquiridos vía capacitación y por la experiencia en los puestos de trabajo Y por MERITO: La selección de las personas más capaces que asegura una mejor y más efectiva prestación de los servicios públicos. Eso se logra buscando métodos de selección basados en la formación académica, conocimientos, experiencia, desempeño. Dando esto como resultado objetividad y transparencia que se manifiesta con la actuación libre e imparcial, primacía del bien común, estabilidad y profesionalismo y como consecuencia directa CREDIBILIDAD, confianza en la actuación de la Administración Pública, seguridad de imparcialidad, neutralidad y por ende Institucionalidad
Este Sistema se rige por los principios de mérito e igualdad de oportunidades, así como de legalidad, eficiencia, objetividad, transparencia e imparcialidad
Cuenta con mecanismos y procesos transparentes para el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, evaluación y recompensa de los servidores públicos. Se orienta al servicio de la sociedad, es decir que responde a sus necesidades.
Permite contribuir a la continuidad del funcionamiento administrativo del Estado, aprovechando los conocimientos, capacidades y experiencia de los funcionarios públicos de carrera teniendo como PRINCIPIOS RECTORES: TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD
Desterrando de esta manera la prepotencia y el favoritismo en la toma de decisiones, y logrando que la ciudadanía confíe de nuevo en sus autoridades, como siempre debió haber sido.
La partidocracia es dañina porque trae consigo un reparto inequitativo de las funciones públicas, en base a criterios de confianza política, que termina afectando el buen desempeño de la Administración Pública, porque los funcionarios así elegidos, muestran una clara inclinación a poner mayor empeño en mantener buenas relaciones con las cúpulas hegemónicas partidarias, que brindar un servicio público eficiente. Se sirve al partido, o más concretamente, a una de las facciones hegemónicas de éste, antes que al país. La conformación de la burocracia estatal atendiendo a criterios partidistas, atenta contra el mérito profesional de los empleados, y no permite que asuman compromisos con la eficiencia en el servicio
La partidocracia favorece la corrupción, porque lleva implícita la idea de que la Administración Pública es un botín de campaña que tiene que ser saqueado por la facción política que obtuvo el beneficio popular, y, como siempre queda latente la posibilidad de perder las elecciones siguientes, se tiene claro que habrán despidos o renuncias en masa, por lo que el funcionario o empleado público no va a servir al cargo, sino a servirse del cargo.
MERITOCRACIA
En este sistema debe prevalecer el principio del mérito de idoneidad para ingresar, permanecer y desarrollarse en el ejercicio de la función pública, y que excluye toda consideración de naturaleza política, religiosa, racial o de cualquier otra índole ajena al mérito de aptitud, para la administración de los recursos humanos estatales. Los principales beneficios para los servidores de carrera son: el ingreso por méritos a la Administración Pública, la estabilidad en el empleo estatal y la profesionalización, el desarrollo y las posibilidades de promoción horizontal y vertical dentro de la esfera gubernamental.
.
La meritocracia permite la eliminación o reducción del nepotismo, el clientelismo y toda práctica de gestión pública que no tome en cuenta el mérito de idoneidad para ingresar y permanecer en la función pública. Entendiendo por Idoneidad la capacidad, aptitud, actitud y competencia de un trabajador para desempeñar un puesto, valorados sobre los conocimientos adquiridos vía capacitación y por la experiencia en los puestos de trabajo Y por MERITO: La selección de las personas más capaces que asegura una mejor y más efectiva prestación de los servicios públicos. Eso se logra buscando métodos de selección basados en la formación académica, conocimientos, experiencia, desempeño. Dando esto como resultado objetividad y transparencia que se manifiesta con la actuación libre e imparcial, primacía del bien común, estabilidad y profesionalismo y como consecuencia directa CREDIBILIDAD, confianza en la actuación de la Administración Pública, seguridad de imparcialidad, neutralidad y por ende Institucionalidad
Este Sistema se rige por los principios de mérito e igualdad de oportunidades, así como de legalidad, eficiencia, objetividad, transparencia e imparcialidad
Cuenta con mecanismos y procesos transparentes para el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, evaluación y recompensa de los servidores públicos. Se orienta al servicio de la sociedad, es decir que responde a sus necesidades.
Permite contribuir a la continuidad del funcionamiento administrativo del Estado, aprovechando los conocimientos, capacidades y experiencia de los funcionarios públicos de carrera teniendo como PRINCIPIOS RECTORES: TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD
Desterrando de esta manera la prepotencia y el favoritismo en la toma de decisiones, y logrando que la ciudadanía confíe de nuevo en sus autoridades, como siempre debió haber sido.
domingo, 6 de septiembre de 2009
Anses y Ferromar, mecánica de un engaño - INAES
Durante siete años miles de jubilados y pensionados de todo el país fueron engañados. Sistemática y compulsivamente, la cooperativa de vivienda, crédito y consumo Ferromar Ltda. realizó descuentos indebidos a través de códigos proporcionados por la propia Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El mecanismo de deducciones arbitrarias e ilegales se inició a mediados del año 2001 y se mantuvo durante varias administraciones, incluso en la gestión del ahora ministro de Economía, Amado Boudou.
Los beneficiarios de haberes previsionales detectaban en sus recibos dos códigos: el 325-011, correspondiente a la cuota afiliatoria a Ferromar, y el 398-011, que representaba la prestación de servicios de emergencia y ambulancias.
En todos los casos, sin autorización de los beneficiarios, la Anses entregó a la cooperativa los datos personales y la habilitó para realizar los descuentos compulsivamente a miles de personas en diversas provincias.
Así, mes tras mes, se deducían montos mínimos que, originariamente, oscilaban entre 1,70 y 2,10 pesos, hasta llegar, el año pasado, a casi 6 pesos. Los descuentos jamás guardaron una lógica: variaban de damnificado a damnificado y tampoco respetaban un ordenamiento territorial, ya que hubo casos en provincias como Corrientes y Santiago del Estero y en otras del sur.
Todo ello ha hecho imposible calcular con exactitud el número de perjudicados
y el monto recaudado por Ferromar, aunque las estimaciones son varias veces millonarias.
Según los propios damnificados, la Anses conocía perfectamente la irregular operatoria de Ferromar. De hecho, la primera explicación que obtenían quienes eran interrogados por esos descuentos era en los centros de atención del organismo estatal, donde se les notificaba que habían sido incorporados a la cooperativa.
La relación entre ambas entidades tiene una fecha de inicio: el 14 de julio de 1999. Ese día las autoridades de la cooperativa firmaron un contrato con la Anses en el que se estipuló un mínimo de afiliados necesarios para funcionar como prestadora de servicios.
Sin embargo recién a mediados de 2001 entraron en vigencia esas codificaciones, y comenzaron a llevarse a cabo los descuentos. Para ese entonces, apenas un centenar de jubilados vio afectados compulsivamente sus haberes.
La situación de desprotección se profundizó en agosto de 2005, cuando el organismo estatal implementó un nuevo sistema digitalizado de deducciones (e@descuentos), mediante el cual se realizaban casi automáticamente los descuentos y se enviaba directamente a las cuentas de las mutuales el dinero de la cuota afiliatoria y de servicios.
Según testimonios, el aumento en los montos de las deducciones -de 1,70 a más de 5 pesos, y en algunos casos hasta 12 pesos- sucedió en esa época, al igual que el incremento en las afiliaciones no autorizadas.
Con e@descuentos funcionando, la cantidad de damnificados por los descuentos masivos fue creciendo considerablemente, y las denuncias ante la Anses habrían llegado a superar las 17.000.
Fue entonces cuando Ferromar comenzó a responder las críticas, argumentando un error involuntario de los data entry. Una explicación más que dudosa si se tiene en cuenta que los primeros casos denunciados de descuentos indebidos datan de mediados de 2001, cuatro años antes del sistema informático de deducción.
Parte de los pasos legales para una incorporación de este tipo consiste en que los afiliados necesariamente deben presentar una ficha de afiliación, algo que no sucedió en ninguno de los casos denunciados.
A ello debe sumarse que la mayoría de los jubilados que poseían el supuesto coseguro nunca tuvo acceso a un carné, ni a cualquier otro tipo de documentación, que certificara su afiliación y permitiera conocer sus derechos y hacer uso efectivo de las prestaciones.
En consecuencia, se hace impostergable un interrogante: ¿cómo una cooperativa sin experiencia ni trayectoria en el rubro de los servicios de emergencia, ni una gran estructura de cobertura del país, logró sellar un acuerdo de esa magnitud con la Anses?
La respuesta sigue sin aparecer. Tanto en el organismo estatal como en la cooperativa, el error que habría costado varios millones de pesos y que perjudicó a miles de personas fue minimizado a un accidente humano.
El engaño ante la Justicia
La denuncia de una damnificada, Martha De la Fuente, fue la primera en prosperar en la Justicia Federal. El 22
de febrero de 2006 la mujer decidió radicar una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
En su presentación imputó a Ferromar el delito de defraudación y falsificación
de documentos públicos, al igual que a la Anses -por entregar los datos personales de sus beneficiarios- y a Julio Alberto Garialde, en su calidad de presidente de la cooperativa.
El proceso fue aumentando de magnitud, ya que incluyó nuevas denuncias que surgían desde distintas ciudades del país, hasta alcanzar los 3.000 hechos de descuentos indebidos, efectuados en el período comprendido entre enero de 2001 y octubre de 2008.
Anteriormente hubo otra causa contra Ferromar. Se trató de una denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata.
Del grupo, veintinueve personas habían sufrido un descuento ilegítimo por parte de la cooperativa, que fue fundamentado -y respaldado por la decisión judicial- como un error involuntario.
En ese dictamen también se incluyeron otras denuncias, que sumaron los 1.028 casos de incorporación accidental.
Este antecedente favorable motivó a
la cooperativa a anteponer un pedido
de cosa juzgada para dejar sin efecto la causa penal colectiva que se le sigue.
La sala I no hizo lugar al pedido y la decisión fue apelada en la Cámara Nacional de Casación Penal. En esa instancia judicial, los camaristas Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci sostuvieron que el dictamen previo -de 2006- no era, de ninguna manera y bajo ninguna consideración, extensible al universo de damnificados durante los siete años de descuentos compulsivos.
Con la connivencia o la desidia de la Anses de su parte, le empresa Ferromar continúa operando inescrupulosamente sobre los haberes de jubilados y pensio-nados.
Con los nuevos testimonios que indican la realización de más descuentos efectuados durante este mismo año, se eivdencia que la mecánica del engaño se mantiene intacta.
Fuente: http://www.latecla.info/v8/latecla/index.php?page=revistas.VerRevista&id=336&id_nota=17776&PHPSESSID=pvq596hkje7882srlmvt6bld96
El mecanismo de deducciones arbitrarias e ilegales se inició a mediados del año 2001 y se mantuvo durante varias administraciones, incluso en la gestión del ahora ministro de Economía, Amado Boudou.
Los beneficiarios de haberes previsionales detectaban en sus recibos dos códigos: el 325-011, correspondiente a la cuota afiliatoria a Ferromar, y el 398-011, que representaba la prestación de servicios de emergencia y ambulancias.
En todos los casos, sin autorización de los beneficiarios, la Anses entregó a la cooperativa los datos personales y la habilitó para realizar los descuentos compulsivamente a miles de personas en diversas provincias.
Así, mes tras mes, se deducían montos mínimos que, originariamente, oscilaban entre 1,70 y 2,10 pesos, hasta llegar, el año pasado, a casi 6 pesos. Los descuentos jamás guardaron una lógica: variaban de damnificado a damnificado y tampoco respetaban un ordenamiento territorial, ya que hubo casos en provincias como Corrientes y Santiago del Estero y en otras del sur.
Todo ello ha hecho imposible calcular con exactitud el número de perjudicados
y el monto recaudado por Ferromar, aunque las estimaciones son varias veces millonarias.
Según los propios damnificados, la Anses conocía perfectamente la irregular operatoria de Ferromar. De hecho, la primera explicación que obtenían quienes eran interrogados por esos descuentos era en los centros de atención del organismo estatal, donde se les notificaba que habían sido incorporados a la cooperativa.
La relación entre ambas entidades tiene una fecha de inicio: el 14 de julio de 1999. Ese día las autoridades de la cooperativa firmaron un contrato con la Anses en el que se estipuló un mínimo de afiliados necesarios para funcionar como prestadora de servicios.
Sin embargo recién a mediados de 2001 entraron en vigencia esas codificaciones, y comenzaron a llevarse a cabo los descuentos. Para ese entonces, apenas un centenar de jubilados vio afectados compulsivamente sus haberes.
La situación de desprotección se profundizó en agosto de 2005, cuando el organismo estatal implementó un nuevo sistema digitalizado de deducciones (e@descuentos), mediante el cual se realizaban casi automáticamente los descuentos y se enviaba directamente a las cuentas de las mutuales el dinero de la cuota afiliatoria y de servicios.
Según testimonios, el aumento en los montos de las deducciones -de 1,70 a más de 5 pesos, y en algunos casos hasta 12 pesos- sucedió en esa época, al igual que el incremento en las afiliaciones no autorizadas.
Con e@descuentos funcionando, la cantidad de damnificados por los descuentos masivos fue creciendo considerablemente, y las denuncias ante la Anses habrían llegado a superar las 17.000.
Fue entonces cuando Ferromar comenzó a responder las críticas, argumentando un error involuntario de los data entry. Una explicación más que dudosa si se tiene en cuenta que los primeros casos denunciados de descuentos indebidos datan de mediados de 2001, cuatro años antes del sistema informático de deducción.
Parte de los pasos legales para una incorporación de este tipo consiste en que los afiliados necesariamente deben presentar una ficha de afiliación, algo que no sucedió en ninguno de los casos denunciados.
A ello debe sumarse que la mayoría de los jubilados que poseían el supuesto coseguro nunca tuvo acceso a un carné, ni a cualquier otro tipo de documentación, que certificara su afiliación y permitiera conocer sus derechos y hacer uso efectivo de las prestaciones.
En consecuencia, se hace impostergable un interrogante: ¿cómo una cooperativa sin experiencia ni trayectoria en el rubro de los servicios de emergencia, ni una gran estructura de cobertura del país, logró sellar un acuerdo de esa magnitud con la Anses?
La respuesta sigue sin aparecer. Tanto en el organismo estatal como en la cooperativa, el error que habría costado varios millones de pesos y que perjudicó a miles de personas fue minimizado a un accidente humano.
El engaño ante la Justicia
La denuncia de una damnificada, Martha De la Fuente, fue la primera en prosperar en la Justicia Federal. El 22
de febrero de 2006 la mujer decidió radicar una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
En su presentación imputó a Ferromar el delito de defraudación y falsificación
de documentos públicos, al igual que a la Anses -por entregar los datos personales de sus beneficiarios- y a Julio Alberto Garialde, en su calidad de presidente de la cooperativa.
El proceso fue aumentando de magnitud, ya que incluyó nuevas denuncias que surgían desde distintas ciudades del país, hasta alcanzar los 3.000 hechos de descuentos indebidos, efectuados en el período comprendido entre enero de 2001 y octubre de 2008.
Anteriormente hubo otra causa contra Ferromar. Se trató de una denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata.
Del grupo, veintinueve personas habían sufrido un descuento ilegítimo por parte de la cooperativa, que fue fundamentado -y respaldado por la decisión judicial- como un error involuntario.
En ese dictamen también se incluyeron otras denuncias, que sumaron los 1.028 casos de incorporación accidental.
Este antecedente favorable motivó a
la cooperativa a anteponer un pedido
de cosa juzgada para dejar sin efecto la causa penal colectiva que se le sigue.
La sala I no hizo lugar al pedido y la decisión fue apelada en la Cámara Nacional de Casación Penal. En esa instancia judicial, los camaristas Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci sostuvieron que el dictamen previo -de 2006- no era, de ninguna manera y bajo ninguna consideración, extensible al universo de damnificados durante los siete años de descuentos compulsivos.
Con la connivencia o la desidia de la Anses de su parte, le empresa Ferromar continúa operando inescrupulosamente sobre los haberes de jubilados y pensio-nados.
Con los nuevos testimonios que indican la realización de más descuentos efectuados durante este mismo año, se eivdencia que la mecánica del engaño se mantiene intacta.
Fuente: http://www.latecla.info/v8/latecla/index.php?page=revistas.VerRevista&id=336&id_nota=17776&PHPSESSID=pvq596hkje7882srlmvt6bld96
AUTOCRACIA Y PROGRESO (en el INAES)
Autocracia es el sistema de gobierno en el cual la voluntad de
una sola persona es la suprema ley. Autócrata es la persona que ejerce
por si sola la autoridad suprema en un Estado.(en nuestro caso de un Organismo Descentralizado)
EL AUTÓCRATA NO DELEGA SU PODER EN NADIE. Desconfía de todos
y deben ser instrumentos incondicionales de su voluntad. Carece de
autocrítica y no permite que sus subordinados discutan sus decisiones.
El progreso de la civilización surge del esfuerzo y creatividad
de millones de personas, impulsadas a mejorar la realidad en que viven y
alcanzar sus ideales de vida y realización individual. Si el disenso es
prohibido por el autócrata, el progreso de la civilización, el mejoramiento
social y el individual son imposibles. No altera esta disyuntiva, que el
autócrata pueda presentar éxitos o mejoras circunstanciales. El resultado
final será PÉSIMO.
El ser humano trabaja toda su vida para elevarse económica,
social e intelectualmente. Conseguirlo será el producto de luchar contra
sus propias limitaciones y los impedimentos externos, en un eterno
proceso de prueba y error, que es lo que ha generado los sorprendentes
avances de la civilización.
La autocracia, por su esencia, impide el progreso.
No recibir a los sindicatos no es muy democrático que se diga y que los funcionarios políticos designados para tal tarea no tengan poder de decisión para resolver lo que ATE le plantea, da que pensar sobre si hay verdadera delegación o es una práctica para dilatar las decisiones. Esto sumado a la "arbitrariedad nuestra de cada día" nos pone en presencia de prácticas antidemocráticas o autocráticas.
una sola persona es la suprema ley. Autócrata es la persona que ejerce
por si sola la autoridad suprema en un Estado.(en nuestro caso de un Organismo Descentralizado)
EL AUTÓCRATA NO DELEGA SU PODER EN NADIE. Desconfía de todos
y deben ser instrumentos incondicionales de su voluntad. Carece de
autocrítica y no permite que sus subordinados discutan sus decisiones.
El progreso de la civilización surge del esfuerzo y creatividad
de millones de personas, impulsadas a mejorar la realidad en que viven y
alcanzar sus ideales de vida y realización individual. Si el disenso es
prohibido por el autócrata, el progreso de la civilización, el mejoramiento
social y el individual son imposibles. No altera esta disyuntiva, que el
autócrata pueda presentar éxitos o mejoras circunstanciales. El resultado
final será PÉSIMO.
El ser humano trabaja toda su vida para elevarse económica,
social e intelectualmente. Conseguirlo será el producto de luchar contra
sus propias limitaciones y los impedimentos externos, en un eterno
proceso de prueba y error, que es lo que ha generado los sorprendentes
avances de la civilización.
La autocracia, por su esencia, impide el progreso.
No recibir a los sindicatos no es muy democrático que se diga y que los funcionarios políticos designados para tal tarea no tengan poder de decisión para resolver lo que ATE le plantea, da que pensar sobre si hay verdadera delegación o es una práctica para dilatar las decisiones. Esto sumado a la "arbitrariedad nuestra de cada día" nos pone en presencia de prácticas antidemocráticas o autocráticas.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Hablemos Claro: Las Auténticas Cooperativas
Por Héctor Polino *
El día 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de empleo a través de cooperativas con el objetivo de generar 100 mil puestos de trabajo, en una acción conjunta del gobierno nacional con los intendentes del conurbano bonaerense. La iniciativa prevé una inversión inicial de 1500 millones de pesos, creando “cooperativas de 50, 60 o 70 personas, que harán trabajos comunales... cada trabajador va a ser monotributista... y va a cobrar con tarjeta bancaria para evitar rehenes de cualquier naturaleza”. Por supuesto, resulta loable toda iniciativa que procure reducir los altísimos índices de desocupación, máxime cuando se trata de generar nada menos que 100 mil nuevos empleos. Pero las características del plan no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas y genuinas. Estas son entidades autogestionadas, en cuyo seno se superan las contradicciones entre capital y trabajo que normalmente existen en la empresa capitalista. Los trabajadores, además de la suscripción e integración de las cuotas de capital social, deben aportar su trabajo personal, asumiendo el riesgo empresario, en una gestión auténticamente democrática.
Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas. Los gobiernos deben apoyarlas para combatir con éxito la desocupación y la pobreza. Ese apoyo puede ser crediticio, de educación y capacitación cooperativa, de adjudicación en igualdad de condiciones con la empresa lucrativa, de trabajos de obras o provisión de servicios, etc.
El anuncio realizado por la Presidenta está concebido en la idea de generar puestos de trabajo subordinado, en relación de dependencia, contratado y remunerado por los intendentes del conurbano bonaerense, con fondos aportados por el gobierno nacional. Esa modalidad difiere sustancialmente del trabajo asociado, autogestionado, que caracteriza al cooperativismo de trabajo.
En momentos de gran confusión como el actual, es conveniente aclarar los conceptos, para comprender el significado de los anuncios efectuados por la máxima autoridad política del país. Está bien anunciar la lucha contra la pobreza, la desocupación, la miseria; pero está muy mal prostituir conceptos, sobre todo el que caracteriza a un movimiento social como el cooperativismo, que tiene que luchar en desigualdad de condiciones por valores como la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la participación, con los disvalores de la sociedad capitalista que nos rige.
Columna de Opinión de Pagina 12
* Ex diputado nacional.
El día 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de empleo a través de cooperativas con el objetivo de generar 100 mil puestos de trabajo, en una acción conjunta del gobierno nacional con los intendentes del conurbano bonaerense. La iniciativa prevé una inversión inicial de 1500 millones de pesos, creando “cooperativas de 50, 60 o 70 personas, que harán trabajos comunales... cada trabajador va a ser monotributista... y va a cobrar con tarjeta bancaria para evitar rehenes de cualquier naturaleza”. Por supuesto, resulta loable toda iniciativa que procure reducir los altísimos índices de desocupación, máxime cuando se trata de generar nada menos que 100 mil nuevos empleos. Pero las características del plan no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas y genuinas. Estas son entidades autogestionadas, en cuyo seno se superan las contradicciones entre capital y trabajo que normalmente existen en la empresa capitalista. Los trabajadores, además de la suscripción e integración de las cuotas de capital social, deben aportar su trabajo personal, asumiendo el riesgo empresario, en una gestión auténticamente democrática.
Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas. Los gobiernos deben apoyarlas para combatir con éxito la desocupación y la pobreza. Ese apoyo puede ser crediticio, de educación y capacitación cooperativa, de adjudicación en igualdad de condiciones con la empresa lucrativa, de trabajos de obras o provisión de servicios, etc.
El anuncio realizado por la Presidenta está concebido en la idea de generar puestos de trabajo subordinado, en relación de dependencia, contratado y remunerado por los intendentes del conurbano bonaerense, con fondos aportados por el gobierno nacional. Esa modalidad difiere sustancialmente del trabajo asociado, autogestionado, que caracteriza al cooperativismo de trabajo.
En momentos de gran confusión como el actual, es conveniente aclarar los conceptos, para comprender el significado de los anuncios efectuados por la máxima autoridad política del país. Está bien anunciar la lucha contra la pobreza, la desocupación, la miseria; pero está muy mal prostituir conceptos, sobre todo el que caracteriza a un movimiento social como el cooperativismo, que tiene que luchar en desigualdad de condiciones por valores como la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la participación, con los disvalores de la sociedad capitalista que nos rige.
Columna de Opinión de Pagina 12
* Ex diputado nacional.
martes, 1 de septiembre de 2009
NUEVA NOTA POR LA CARRERA ADMINISTRATIVA
BUENOS AIRES, 1 de Septiembre de 2009
SEÑOR PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
S. / D.
Por la presente nos dirigimos a ud. con motivo de los nombramientos efectuados en las Gerencia de Intervenciones e Infracciones y en la Gerencia de Inspecciones, como así también las que oportunamente se efectuaron en Gcia. de Administración y Finanzas y Coordinación de Promoción. Entendemos que esto atenta la carrera administrativa y que solo se sustenta en la discrecionalidad que puede confundirse con arbitrariedad.
A estos hechos ya puntualizados oportunamente se suma el atropello del que son víctimas los compañeros de Registro Nacional de Mutualidades al ver cercenada su carrera.
Mediante Nro. de Nota 360170 de fecha 18 de agosto de 2009, se le solicitó entre otras cosas que:
“se tomen las medidas para garantizar una carrera administrativa justa y equitativa, basada en la capacidad y el mérito para lo cual solicitamos cesar en la actitud arbitraria en las designaciones que corresponden a cargos de carrera”.
Esto último no solo no fue así, sino que en lugar de tomar medidas consensuadas buscando la manera de que los postulantes tengan legitimidad por ser funcionarios de carrera con un perfil determinado o bien que hayan efectuado toda su carrera administrativa EN EL SECTOR en el cual se produce la vacante. Insistimos en lugar de buscar TRANSPARENCIA en las designaciones, se opta por continuar con la ARBITRARIEDAD, y sin fundamento ni respaldo legal mas que detentar transitoriamente el poder se toman medidas que solo generan incertidumbre y desaliento en la planta de nuestro querido Organismo
Se continúa de esta manera ejerciendo el patronazgo que como en otras notas se le señalo es: “el que se verifica si los funcionarios en lugar de ser seleccionados entre los más capaces o de mayores méritos, lo sean entre aquellos que tengan mayores influencias o contactos políticos. El que
tiende a efectuar nombramientos para favorecer intereses distintos de los de la buena gestión alimentando el amiguismo y la precarización de importantes dotaciones de trabajadores alejadas de todo sistema de mérito; a favorecer el acceso a cargos por adscripción personal, lealtad, favoritismo, lazos sanguíneos, pertenencia partidaria”
El patronazgo, la arbitrariedad en las designaciones es por sobretodas las cosas CAUSA DE LA INEFICIENCIA en la gestión pública, así como un ESTÍMULO NEGATIVO en el sentido de desalentar el compromiso y las iniciativas.
La carrera debe ser a la vez un derecho del funcionario y un instrumento para la Administración. Como derecho del funcionario refleja sus expectativas profesionales. Como instrumento de la organización, debe contribuir a que los funcionarios, seleccionados de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, permanezcan en la Administración, evitando la descapitalización de los efectivos, y puedan rendir al máximo desarrollando todas sus aptitudes y potencialidades de manera que se puedan prestar los servicios al ciudadano de una manera eficiente y eficaz.
Por todo lo expresado queda más que claro que estas prácticas supuestamente discrecionales pero que son totalmente arbitrarias atentan contra la carrera administrativa. Una Administración que no tiene un sistema de carrera no puede hablar propiamente
de funcionarios. Los hombres que la ocupan son unos asalariados, que no ven delante de
ellos ninguna perspectiva, ninguna garantía, y por encima de ellos ningún motivo, ningún
elemento de subordinación.
A la espera de una respuesta favorable a nuestra petición, saluda a Ud atte
JUNTA INTENA ATE-INAES
SEÑOR PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
S. / D.
Por la presente nos dirigimos a ud. con motivo de los nombramientos efectuados en las Gerencia de Intervenciones e Infracciones y en la Gerencia de Inspecciones, como así también las que oportunamente se efectuaron en Gcia. de Administración y Finanzas y Coordinación de Promoción. Entendemos que esto atenta la carrera administrativa y que solo se sustenta en la discrecionalidad que puede confundirse con arbitrariedad.
A estos hechos ya puntualizados oportunamente se suma el atropello del que son víctimas los compañeros de Registro Nacional de Mutualidades al ver cercenada su carrera.
Mediante Nro. de Nota 360170 de fecha 18 de agosto de 2009, se le solicitó entre otras cosas que:
“se tomen las medidas para garantizar una carrera administrativa justa y equitativa, basada en la capacidad y el mérito para lo cual solicitamos cesar en la actitud arbitraria en las designaciones que corresponden a cargos de carrera”.
Esto último no solo no fue así, sino que en lugar de tomar medidas consensuadas buscando la manera de que los postulantes tengan legitimidad por ser funcionarios de carrera con un perfil determinado o bien que hayan efectuado toda su carrera administrativa EN EL SECTOR en el cual se produce la vacante. Insistimos en lugar de buscar TRANSPARENCIA en las designaciones, se opta por continuar con la ARBITRARIEDAD, y sin fundamento ni respaldo legal mas que detentar transitoriamente el poder se toman medidas que solo generan incertidumbre y desaliento en la planta de nuestro querido Organismo
Se continúa de esta manera ejerciendo el patronazgo que como en otras notas se le señalo es: “el que se verifica si los funcionarios en lugar de ser seleccionados entre los más capaces o de mayores méritos, lo sean entre aquellos que tengan mayores influencias o contactos políticos. El que
tiende a efectuar nombramientos para favorecer intereses distintos de los de la buena gestión alimentando el amiguismo y la precarización de importantes dotaciones de trabajadores alejadas de todo sistema de mérito; a favorecer el acceso a cargos por adscripción personal, lealtad, favoritismo, lazos sanguíneos, pertenencia partidaria”
El patronazgo, la arbitrariedad en las designaciones es por sobretodas las cosas CAUSA DE LA INEFICIENCIA en la gestión pública, así como un ESTÍMULO NEGATIVO en el sentido de desalentar el compromiso y las iniciativas.
La carrera debe ser a la vez un derecho del funcionario y un instrumento para la Administración. Como derecho del funcionario refleja sus expectativas profesionales. Como instrumento de la organización, debe contribuir a que los funcionarios, seleccionados de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, permanezcan en la Administración, evitando la descapitalización de los efectivos, y puedan rendir al máximo desarrollando todas sus aptitudes y potencialidades de manera que se puedan prestar los servicios al ciudadano de una manera eficiente y eficaz.
Por todo lo expresado queda más que claro que estas prácticas supuestamente discrecionales pero que son totalmente arbitrarias atentan contra la carrera administrativa. Una Administración que no tiene un sistema de carrera no puede hablar propiamente
de funcionarios. Los hombres que la ocupan son unos asalariados, que no ven delante de
ellos ninguna perspectiva, ninguna garantía, y por encima de ellos ningún motivo, ningún
elemento de subordinación.
A la espera de una respuesta favorable a nuestra petición, saluda a Ud atte
JUNTA INTENA ATE-INAES
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