CLIENTELISMO Y PATRONAZGO las dos caras de la misma moneda

El clientelismo supone la existencia del patronazgo, pues para poder orientar el sentido de determinado proceso de toma de decisiones de la esfera pública en beneficio de intereses particulares con la perspectiva de obtener beneficios electorales, tiene que existir una relación de jerarquía y lealtad entre los empleados públicos y las autoridades electas, de manera que la carrera de los burócratas dependa de su disciplina y lealtad respecto a los políticos
El clientelismo es una forma autoritaria de intermediación política, pues implica una
relación de reciprocidad asimétrica y una utilización de los bienes públicos con finesprivativos y excluyentes, de ahí que sea visto con malos ojos, pues se le considera un fenómeno que no corresponde a los presupuestos básicos de la democracia liberal, donde se supone que los partidos representan intereses y demandas agregadas de individuos que coinciden libremente con un programa orientado en términos generales por el bien social colectivo, entendido éste a través de la visión de una ideología determinada, en un entorno dónde la administración pública es profesional y relativamente neutra en términos políticos,
pues los criterios de selección personal se basan en el mérito y la evaluación del desempeño y no en la lealtad y la complicidad política.

En primer lugar, el clientelismo para operar necesita de una administración pública
altamente politizada y dependiente de los cargos electos, de manera que éstos puedan utilizar los bienes públicos en beneficio de intereses privados. Si la administración pública está basada en un spoil system (sistema de despojos) donde la distribución de empleo público depende de los gobernadores de los estados y del presidente de la república, entonces los funcionarios
públicos encontraran racional orientar los recursos y las políticas públicas hacia las
clientelas de su patrón político. Si, además, los castigos son débiles o difíciles de aplicar, entonces la conducta se desarrollará sin restricciones. En la medida en que la burocracia se vuelve autónoma, profesional y relativamente neutra, se establecen criterios precisos de aplicación de los programas y el sistema de procuración e impartición de justicia castiga a quienes usan políticamente recursos a su cargo, la capacidad de los políticos que aspiran a cargos de elección popular para utilizar los bienes públicos como moneda de cambio se reduce.

En conclusión, en la medida que se desarrolla una burocracia autónoma menos
susceptible de ser usada por los políticos en beneficio personal, en la medida en que existe un sistema jurídico eficaz para limitar la utilización de los bienes públicos en beneficio privado y en la medida en que los ciudadanos adquieren mayor información y quedan liberados de coerción para entrar en el intercambio clientelista, este pierde eficacia como estrategia política.

La oferta clientelista es una estrategia cara e ineficiente, en la medida en la que se
carece de medios eficaces para garantizar el cumplimiento del acuerdo ahí donde el voto es secreto y la elección está bien garantizada. De ahí que como estrategia para conseguir votos esté en remisión, aunque está lejos de haberse dejado de practicar. Todos los partidos incurren en este tipo de conductas, y en su práctica puede ocurrir que se neutralicen mutuamente y que sus efectos sobre los resultados finales de la elección sean imperceptibles. Una práctica ineficiente se puede mantener en el repertorio estratégico de los actores simplemente porque está a la mano o porque corresponde a una manera tradicional de hacer las cosas. No basta con que la eficiencia de la práctica sea baja para que ésta se abandone. Es necesario que la percepción de los actores se modifique y, sobre todo,
que deje de ser un recurso del cual se puede echar mano con facilidad.

Las sociedades laborales transitorias, a las que Cristina llama erróneamente "cooperativas", dan para todo...

Desde punteros políticos que cobran para inscribir personas a esos grupos, hasta intendentes que distribuyen estas asociaciones entre sus amigos y desvían los fondos para otros fines, como así también demoras en los envíos del dinero oficial con el consiguiente atraso de las obras, entre otras cosas, es lo que sucede entre estos grupos laborales conformados, en su gran mayoría, mediante contratos de doce meses...

------------------------------------------
Escribe ROBERTO MOLINA
------------------------------------------

Llamarles cooperativas de trabajo a estas sociedades laborales transitorias que está motorizando el gobierno nacional, constituye un auténtico castigo, y además un desprestigio, para el movimiento cooperativo argentino. Los trámites de constitución de estas asociaciones de personas (no las vamos a llamar cooperativas), aunque pasen por el INAES, se apartan totalmente de las normativas vigentes, pero igualmente se les otorga la matrícula correspondiente, “porque la orden viene de arriba”, según afirman algunos funcionarios del organismo nacional de control.

Acerca de estos engendros asociativos, nadie ha levantado su voz de protesta para decir lo que hay que decir. La referencia tiene que ver con las confederaciones y las federaciones. Por ejemplo, la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), ni abrió la boca.

El señor Edgardo Adrián Form, presidente de la entidad, si salió, en cambio, a defender el cooperativismo recientemente con respecto a situaciones que involucraron a cooperativas de crédito. En este caso, COOPERAR salió con energía a defender el cooperativismo y a condenar a las cooperativas que han incursionado en hechos delictivos.

El hombre salió a defender a las cooperativas de su rama. Pero de estas sociedades laborales transitorias, no dijo absolutamente nada. ¿No le cabe una acusación de discriminación por parte de las legítimas cooperativas de trabajo…?

Está muy claro. Form representa al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuna del comunismo argentino, ahora alineado con el kirchnerismo. De manera que es imposible que haya un pronunciamiento de COOPERAR con respecto a este hecho anormal que afecta al cooperativismo y que impulsa la propia presidente de la Nación.

Pero no hay pronunciamiento no sólo por una cuestión de afinidad política, sino también por el hecho de que si lo hace, la entidad confederativa no recibirá un subsidio más, por lo menos durante el actual gobierno. Por otra parte, Carlos Heller – propietario del Banco Credicoop y diputado nacional electo – no les permitiría un pronunciamiento adverso.

En lo relacionado con las federaciones -- la referencia tiene que ver puntualmente con las de la rama Trabajo --, tampoco ninguna de ellas salió a decir una sola palabra. Ni a favor ni en contra, porque las dos cosas queman… Pero, además, un conspicuo miembro de las cooperativas de trabajo está actualmente integrando el directorio del INAES. ¿Se animará “El Vasco” Orbaiceta – un dirigente al cual se lo señala como muy correcto y frontal en sus expresiones – a formular alguna definición sobre el tema?

Mientras tanto, desde el día que la presidente Cristina Kirchner formuló el anuncio de crear 100.000 puestos de trabajo, mediante el mecanismo de constituir unos 2.000 engendros asociativos, han pasado muchas cosas, a saber:

** Cortes de rutas por parte de piqueteros que reclaman a intendentes del conurbano bonaerense que se los incluya en estas asociaciones laborales transitorias.

** Aparición de punteros políticos que cobran una suma de dinero a quienes quieran integrar estas asociaciones.

** Escándalo en el Partido de Almirante Brown, donde el intendente Rubén Darío Giustozzi incurrió en manejo discrecional de los fondos destinados a esas asociaciones laborales.

** No hay rendición de cuentas en ninguna provincia acerca de los trabajos que se efectúan y cuando aparecen fiscalizadores para realizar esas tareas, se ven imposibilitados de cumplir su labor porque son presionados casi violentamente para que no lo hagan…

** La propia ministra Alicia Kirchner ha tenido que intervenir en algunos municipios, realizando auditorías, para evitar que los fondos que envía su ministerio, sean derivados a otros destinos.

** En la ciudad de La Plata, también hay denuncias contra el intendente Pablo Bruera y la Dirección Provincial de Acción Cooperativa (DIPAC). El concejal Oscar Negrelli señaló que “estas cooperativas son fachadas de movimientos políticos o de empleados en negro del gobierno municipal. Bajo la fachada de cooperativa, los trabajadores están en las peores condiciones laborales que puede estar cualquier trabajador”. Aseguró el concejal que estas asociaciones son “utilizadas como caja de financiación para el clientelismo, ya que si no asistís a los actos o movilizaciones políticas, te dejan sin laburo”.

** El piquetero Emilio Pérsico, que acaba de renunciar como Secretario de Estado en Desarrollo Social, maneja actualmente 58 asociaciones laborales. Todo parece indicar que también manejaría los fondos destinados a esos grupos…

** El diario La Nación editorializó, en su edición del 13 de octubre último, acerca de la distorsión que se está produciendo en el cooperativismo, con la creación de este tipo de asociaciones de personas.

** La Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA salieron a criticar a estas asociaciones de personas, porque “les resta tareas a las empresas y, en paralelo, les quita empleo a los trabajadores de la construcción.

** En el municipio de Quilmas también surgieron fuertes conflictos. A los miembros de estas asociaciones, no les pagaron por trabajo realizado. El diario El Sol denunció que punteros políticos piden el 20 por ciento de lo que tienen que cobrar los trabajadores.

** En Mar del Plata (foto), presuntos “asociativistas” tomaron el recinto del Concejo Deliberante, hubo importantes destrozos y hasta heridos. Reclamaban que los incluyan en los engendros asociativos del gobierno.

** En varias provincias, los problemas son similares: los trabajos se suspenden porque el dinero oficial no llega y las personas que integran estas asociaciones, se quedan sin sus recursos para el sustento diario.

Es evidente que esta diversidad de conflictos que aquí se exponen, no son propios de las cooperativas de trabajo legítimamente constituidas. Las entidades que se crean de abajo hacia arriba, como verdaderamente corresponde, jamás tienen estos problemas.

Pero las que se crean ilegítimamente, es decir, de arriba hacia abajo, dependiendo del dinero público, y comienzan a funcionar a contramano de lo que determinan las normativas vigentes y los principios y doctrina del cooperativismo, se encuentran con estas dificultades, producto de la improvisación y de las necesidades gubernamentales.

Y todo esto, recién está comenzando. Seguramente, muchas otras novedades
de carácter similar, o más graves, van a producirse. No hay ninguna duda de
que se están siguiendo los pasos de Hugo Chávez, que creó más de 300.000
cooperativas, de las cuales hoy funcionan menos del 10 por ciento. Los pícaros
venezolanos se quedaron con el dinero que entregaba el gobierno a cada
cooperativa que se creaba. Y la consecuencia fue la desaparición de esas cooperativas. En Argentina, comienza a suceder exactamente lo mismo...

Lo que está haciendo el gobierno nacional es castigar y desafiar la legitimidad del cooperativismo, distorsionando gravemente el sistema y devaluando su imagen. Concretamente, esto es algo muy similar a las denominadas “cooperativas truchas” que se quieren combatir, pero, en este caso, impulsadas por el propio gobierno

SINEP ....sigue la precarización

Asistimos, desde hace años, a una situación de fuerte deterioro de nuestras condiciones laborales: al retraso salarial, el congelamiento de vacantes y la ausencia de carrera en general en la planta permanente, se suma la falta de estabilidad y otros derechos elementales en el caso de los contratados bajo una diversidad de regímenes precarios.
Esta situación de precariedad es resultado de las diversas maniobras a las que han recurrido los sucesivos gobiernos para evadir las responsabilidades del Estado como empleador, abaratar los gastos en personal, dividir y favorecer la rivalidad entre los trabajadores que revistan en distintos regímenes y, por sobre todo, disponer de una amplia discrecionalidad para ajustar la planta de personal de acuerdo a las necesidades políticas del momento.

El SINEP es al igual que fue el SINAPA, letra muerta, no hay carrera administrativa, no hay concursos, las vacantes estan congeladas. No solo los compañeros contratados estan precarizados, también los que están en la planta permanente que deben, al no existir Estructuras Organizativas aprobadas (y por ende cargos financiados con los perfiles para cada cargo claramente especificados) rivalizar por las funciones asignadas con los trabajadores de los distintos tipos de modalidades contractuales, existiendo además diferencias de asignaciones suplementarias que acrecientan las rispideces. Resulta ser todo un caos, y en ese caos ganan los pescadores; autoridades de organismos descentralizados como el INAES que realizan “desmanejos” de personal aumentando lo perverso que ya de por si tienen los Sistemas de carrera mencionados (Sinapa/Sinep). Existe una burocracia paralela, ya que no estan sinceradas las plantas que cada organismo necesita realmente, y los compañeros que la componen no son los culpables por ser parte de ella, mas bien son victimas una flexibilización/precarización que se torna alarmante cuando además de padecer diferencias y competencias avaladas desde la superioridad, deben sufrir la no renovación del contrato como ocurre actualmente en nuestro organismo, contradiciendo la postura inicial del Gobierno Nacional que buscó con la Resolución 48 dar un margen de semiestabilidad y blanqueo de la situación.

Dicho esto, aprovechamos la ocasión para agradecer a todos aquellos que firmaron el petitorio que se presentó a la Sra Ministro y a quienes dia a dia nos brindan su apoyo y nos dan aliento para continuar con esta lucha, por un cambio real y definitivo en la carrera administrativa; con un pase a planta de los contratados y una Estructura Organizativa seria y bien diseñada

JUNTA INTERNA ATE-INAES