ATE INAES va al PARO - JUEVES 31/03/2011

La Justicia Federal investiga al INAES - MUTUALES FANTASMAS que reciben Subsidios

El miércoles 16 de febrero, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, encomendó a la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, tramite ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, una “orden de presentación” en la cual se requería al organismo la entrega de expedientes y documentación de varias decenas de Mutuales.
¿Qué investiga?. La causa está caratulada “INAES S/ Delito de acción pública”, iniciada a mediados del año 2009, cuando un periodista de América Noticias, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, salieron a la calle a visitar Mutuales que no pudieron localizar en los domicilios declarados ante el Instituto. Esta reacción se produjo tras los reclamos de la Mutual Sentimiento, de ex presos y presas políticas, para que el gobierno les renovara el contrato de uso de un viejo edificio de los Ferrocarriles Argentinos, ubicado en la avenida Federico Lacroze 4181, en el barrio porteño de Chacarita, donde desarrollan todas sus actividades solidarias.
La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado es la propietaria de dicho inmueble y quiso desalojar a la entidad. Tras varias marchas de protesta de los asociados y organizaciones sociales, se le propuso a la Mutual regularizar el convenio con un canon de $ 38.000 mensuales, a través de un convenio tripartito con el INAES, el cual subsidiaría esa suma. Situación que nunca se concretó y produjo muchos enojos.
Así dio comienzo una causa, a la cual se le fueron sumando muchas otras sospechas y denuncias que, si bien originalmente recayeron en distintos Juzgados, se juntaron en un único expediente para ser investigadas conexamente.
De oficio, el fiscal Luís Comparatore también denunció a Mutuales que recibieron subsidios del Estado. Una de ellas es la "Asociación Mutual del PAMI". "Tomamos la dirección que figura en la página de Internet y nos encontramos con un supermercado chino; entonces, recurrimos al padrón, pero nos encontramos con una casa de familia. Desde ya que en ninguno de los dos lados funciona una Mutual", señaló Muñiz sobre la investigación que encaró la Defensoría del Pueblo porteña.
Según datos surgidos de la propia fiscalía, la "Asociación Mutual Plus Septena" tampoco funcionaba donde estaba registrada. Inscripta en noviembre de 2006, habría recibido 4.570.000 pesos por parte de la obra social bancaria, del hoy detenido dirigente sindical Juan José Zanola.
Posteriormente, en el marco de un trabajo de investigación que puso en pantalla Telenoche, el noticiero de canal 13, en dos entregas consecutivas se atacó generalizadamente a ambos Movimientos, por aquellas Mutuales y Cooperativas legalmente inscriptas en los padrones pero invisibles a los ojos de todos: ¡ORGANIZACIONES FANTASMAS…!.
Concretamente, mostró que muchas de las entidades no funcionan en los domicilios declarados. “Lo que hicimos fue tomar las direcciones del padrón del INAES, recorrerlas una a una, tocar timbre y ver si estaban funcionando. Encontramos que la gran mayoría no existía, y muchas con domicilio en edificios importantes”, sostuvo Graciela Muñiz, Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta polémica ha salpicado a todo el Cooperativismo y Mutualismo, quedando envueltos por un manto generalizado de sospechas. ¿De quién es la responsabilidad?. "Lo que está fallando y hace que este sistema no sea transparente es, justamente, el organismo de control", sostuvo la defensora adjunta porteña.
¿Qué buscaba la Gendarmería en el INAES?. Se llevaron, aproximadamente, 40 expedientes y documentación de Mutuales, en su mayoría ligadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Además, y entre otras, pudo trascender que la solicitud incluía a: Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM), Federación de Cooperativas y Mutuales de Turismo (FEDETUR), Mutual de Clarín, Mutual de Empleados del PAMI Solidario, Mutual Lider de Previsión Social, Mutual Gas, FEMFASE, etc.
Según pudo trascender, la mayoría habría recibido subsidios del INAES y éste sería el eje principal de la investigación, aunque no el único..
Esta orden judicial ocasionó que varios empleados del organismo debieran trabajar a destajo, varios días, para sacar copia de la información que se estaba entregando a la Justicia.
“Es una campaña masiva de ataque contra el sector”, sostuvieron algunas voces del Instituto, en la intensión de mostrase despreocupados. En realidad, la investigación apunta a quienes hicieron mal sus tareas o incumplieron sus deberes. Hay entidades involucradas, pero también se investiga la responsabilidad de los funcionarios del organismo.
A su vez, el Juez Marcelo Martínez De Giorgi requirió se informe “cuántas Mutuales se han registrado desde el año 2000 hasta la fecha, debiéndose discriminar la información año por año” y,  “cómo fue variando la cantidad final de Mutuales inscriptas”, tomando en cuenta no sólo aquellas nuevas sino también las que por alguna razón dejaron de estar registradas.
Como marca la carátula de la causa Nº 16.234/09 (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 - Secretaria Nº 4), se investiga un “delito de acción pública” los cuales pueden ser perseguidos por la autoridad sin necesidad de que exista una denuncia previa del supuesto damnificado; basta con que un funcionario tome conocimiento de un posible hecho delictivo e informe al Ministerio Público Fiscal.
El fundamento de la acción pública es que se considera que la sociedad en su totalidad ha sido perjudicada por el delito cometido y el Estado asume, entonces, el papel de defensa de la sociedad.
Por su parte, Graciela Muñiz, Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, fue citada a declarar por el Juez Martínez De Giorgi y así se presentó apenas iniciado el mes de marzo.
Muchos funcionarios vieron alterar la tranquilidad de la que venían gozando. Se mostraron enojados y nerviosos con esta decisión judicial que pareciera querer revolver a fondo los papeles del organismo.

LOS EXPEDIENTES

El Juez Federal Marcelo Martínez De Giorgi requirió al Instituto todos los expedientes y documentación existente correspondientes a las siguientes entidades:
- Asociación Mutual del Sindicato Argentino de Obreros Navales (Matrícula 899);
- Mutual Afiliados a la Unión Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos (Matrícula 829);
- Asociación Mutual 11 de Julio (Matrícula 2174);
- Asociación Mutual del Personal de Carga y Descarga y Empresas de Servicios (Matrícula 881);
- Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos y Asociados (Matrícula 1536);
- Circulo de Suboficiales de Gendarmería Nacional (Matrícula 258);
- Asociación Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas” (Matrícula 78);
- Asociación Mutual Círculo de Gendarmería Nacional (Matrícula 315);
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina (Matrícula 316);
- Asociación Mutual Sancor (Matrícula 402);
- Mutualidad Fondo Compensador Personal Civil del Ejercito (Matrícula 356);
- Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Matrícula 2160);
- Mutualidad Fondo Compensador Fuerza Aérea Personal Civil (Matrícula 666);
- Asociación Mutual Protección Familiar (Matrícula 1856);
- Mutual Gas (Matrícula 403);
- Vida Activa Mutual (Matrícula 1615);
- Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines (Matrícula 353);
- Asociación Mutual Versailles (Matrícula 752);
- Mutual Circulo Militar (Matrícula 280);
- Circulo de Suboficiales Retirados de la Policía Federal Argentina (Matrícula 263);
- Centro Naval (Matrícula 261);
- Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía (Matrícula 658);
- Mutual del Personal de Intendencias Militares (Matrícula 17);
- Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (Matrícula 67);
- Asociación Mutual Argentina de Turismo (Matrícula 465);
- Ayuda Mutual del Personal de Gendarmería Nacional (Matrícula 329);
- Federación de Cooperativas y Mutuales de Turismo – FEDETUR (Matrícula 25450);
- Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Matrícula 1085);
- Mutual Empleados de Clarín (Matrícula 1331);
- Asociación Mutual Líder de la Previsión Social (Matrícula 2359);
- Olimpia Asociación Mutual (Matrícula 1815);
- Asociación Mutual de Afiliados a la UPCN (Matrícula 1562);
- Círculo Oficiales de Mar (Matrícula 231);
- Asociación Mutual de Empleados de PAMI Solidario (Matrícula 2467);
- Asociación Mutual del Personal del INDEC (Matrícula 2364);
- Asociación Mutual Catalinas Sur (Matrícula 1441);
- Asociación Mutual del Personal del INAM (Matrícula 555);
- Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Matrícula 76);
- Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina – CONAM (Matrícula 4);
- Federación de Mutuales de Servicios de la Seguridad Social (Matrícula 64); y
- Asociación Mutual Pertenecer (Matrícula 56).

FUENTE: http://www.elmutualista.com

INDEC 4 años de LUCHA

EL INAES PRESTA OFICINA A COLINA, UNA CORRIENTE POLÍTICA ¿ESA SITUACIÓN ES LEGAL?

EL INAES PRESTA OFICINA A COLINA, UNA CORRIENTE POLÍTICA
¿ESA SITUACIÓN ES LEGAL?

Resulta notable que a través de la información de un hurto en oficinas del INAES en la sede ditistral del INAES del partido Tres de Febrero, se haya tomado conocimiento público que es también sede de las reuniones de la Corriente Liberación e Integración Nacional –COLINA- (espacio que conduce Alicia Kirchner). ¿Es posible que un organismo de gobierno preste oficina para que funcione la sede de una corriente política?
“Esto (por el robo) no responde a un hecho aislado y presenta aristas de índole político: ya en ocasiones anteriores habían robado los mismos elementos de esas oficinas, elementos demasiado puntuales que señalan al entender de muchos que se trata de un robo que va más allá de la simple rapiña” –dice una nota firmada por Fabian Curotto, y publicada en a1 Noticias.
Parece que se hurtaron entre otras cosas, una serie de documentos y una computadora.
COLINA fue presentada por el ex Presidente Néstor Kirchner a principios de julio del año pasado, con un gran acto que tuvo una presencia multitudinaria de militantes. El acto fue para presentar como posible candidata a vicegobernadora en la provincia de Buenos Aires o gobernadora en su distrito natal, Santa Cruz a la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner.

Fuente: a1Noticias, y Diario Perfil

ATE NO TRAICIONA - AfiliATE

PUEBLOS ORIGINARIOS - DOCUMENTO DE APOYO JUNTA ATE-INAES

Desde la Junta Interna de ATE – INAES queremos expresar nuestro apoyo y acompañamiento a la histórica resistencia de los Pueblos Originarios de nuestro país en su disputa  por el uso y control de sus territorios. Festejamos la multitudinaria marcha desarrollada en mayo pasado donde infinidad de comunidades llegaron a nuestra capital hasta la Plaza de Mayo en donde fueron recibidos por la presidenta. Creemos que no solo reivindican la ocupación continua de tierras ancestrales que le corresponden por derecho sino la calidad del vinculo que los une con la tierra, el hábitat y el paisaje en contraposición de lo que expresa la cultura occidental a través de sectores concentrados que solo buscan la rentabilidad y para ello no escatiman esfuerzos en imponer una cultura sobre otra.

Acompañamos a la comunidad de la Primavera en su reclamo por sus tierras a través de la  resistencia pacífica de más de cuatro meses en el corte de la Ruta 86, que terminó con la muerte del qom Roberto López y un policía  en Formosa el 23 de noviembre pasado, donde también quemaron sus casas y destruyeron sus pertenencias como bicicletas, documentos, ropa y mercadería.  Sabemos que la policía de Gildo Insfran no escatimó fuerza en la repartija de golpes ni siquiera con los ancianos, mujeres y niños de la comunidad y expresamos nuestro profundo desprecio a estas prácticas feudales.

También adherimos a la lucha campesina que se cobro otra muerte, la de Sandra Juarez el 13 de marzo pasado en la comunidad de San Nicolás en Santiago del Estero, quien perdió su vida tras enfrentarse a las topadoras de desmonte de la firma Namuncurá S.A custodiada por guardia de infantería que realizaban trabajos de picada en su lote. Murió defendiendo su territorio amparado en el  legítimo derecho de autodefensa de la posesión garantizado en el art. 2470 del código civil.

Repudiamos las muertes del comunero diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán,  donde también fueron heridas otras cuatro personas incluído un niño, por el terrateniente Darío Amín, y los ex policías Luis Gómez y Eduardo Valdivieso. Consideramos que tanto la Comunidad Indígena de Chuschagasta como todas las otras que resisten el despojo solo cuentan con la legislación nacional e internacional que avala la propiedad comunitaria razón por la cual es necesaria la voluntad política de los gobiernos de turnos para que esto se acabe.

También repudiamos las muertes en el norte argentino por desnutrición, como es el caso  que salió a la luz  el pasado 14 de abril de un niño de dos años de la familia Castellano integrante de la Comunidad wichi Misión Cañaveral cerca de Santa Victoria Este en la provincia de Salta. Esta muerte muestra la situación de pobreza y abandono a la que son sometidas las comunidades de Pueblos Originarios.

Entendemos que la  consolidación del modelo agroexportador y extractivo se está haciendo sobre la base de expropiación de vastos  territorios de campesinos e indígenas.

Consideramos que los conflictos sobre tenencias de tierras y ambientales se esparcen por todo el campo argentino a partir del asentamiento del modelo agroexportador con la soja transgénica como insignia, el cual trajo incontables disputas legales a las familias indígenas y campesinas asentadas en las tierras desde hace muchísimos años. Sumado a esto el enorme avance tecnológico que experimenta el campo lejos de beneficiar a los verdaderos dueños de las tierras consolidó a un sector empresario con enormes ganancias y un estado que sustenta parte de su modelo económico en la soja transgénica. Este modelo agroexportador es favorecido por  las condiciones internacionales del mercado para la  comercialización de la misma.

Creemos  que al enorme avance de la soja a partir del proceso de reconcentración de la tierra en manos de unos pocos, de corporaciones trasnacionales que implantan estos monocultivos, contaminan los ríos, privatizan el acceso al agua, se suma el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxico, los desalojos y la criminalización de la protesta de las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas que presentan resistencia y lucha a esta realidad.

Para finalizar  esperamos  que la sociedad argentina reflexione cuántas muertes, desalojos, criminalización de las legítimas protesta deberemos tolerar en beneficio de la codicia de un grupo concentrado de empresarios que posee semejante impunidad, los cuales se encuentran apañados  por ciertos sectores del poder político y de la justicia, que nada tienen que ver con el campo popular.

¿Derechos humanos? - VIERNES 3 DE DICIEMBRE MARCHAMOS pidiendo JUSTICIA

El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.

“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.

Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.

Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.

En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.

Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.

Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.

Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.

Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.

En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.

Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.

Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.

La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.

El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.

Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.



FUENTE:.Darío Aranda

darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/