Desde la Junta Interna de ATE – INAES queremos expresar nuestro apoyo y acompañamiento a la histórica resistencia de los Pueblos Originarios de nuestro país en su disputa por el uso y control de sus territorios. Festejamos la multitudinaria marcha desarrollada en mayo pasado donde infinidad de comunidades llegaron a nuestra capital hasta la Plaza de Mayo en donde fueron recibidos por la presidenta. Creemos que no solo reivindican la ocupación continua de tierras ancestrales que le corresponden por derecho sino la calidad del vinculo que los une con la tierra, el hábitat y el paisaje en contraposición de lo que expresa la cultura occidental a través de sectores concentrados que solo buscan la rentabilidad y para ello no escatiman esfuerzos en imponer una cultura sobre otra.
Acompañamos a la comunidad de la Primavera en su reclamo por sus tierras a través de la resistencia pacífica de más de cuatro meses en el corte de la Ruta 86, que terminó con la muerte del qom Roberto López y un policía en Formosa el 23 de noviembre pasado, donde también quemaron sus casas y destruyeron sus pertenencias como bicicletas, documentos, ropa y mercadería. Sabemos que la policía de Gildo Insfran no escatimó fuerza en la repartija de golpes ni siquiera con los ancianos, mujeres y niños de la comunidad y expresamos nuestro profundo desprecio a estas prácticas feudales.
También adherimos a la lucha campesina que se cobro otra muerte, la de Sandra Juarez el 13 de marzo pasado en la comunidad de San Nicolás en Santiago del Estero, quien perdió su vida tras enfrentarse a las topadoras de desmonte de la firma Namuncurá S.A custodiada por guardia de infantería que realizaban trabajos de picada en su lote. Murió defendiendo su territorio amparado en el legítimo derecho de autodefensa de la posesión garantizado en el art. 2470 del código civil.
Repudiamos las muertes del comunero diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, donde también fueron heridas otras cuatro personas incluído un niño, por el terrateniente Darío Amín, y los ex policías Luis Gómez y Eduardo Valdivieso. Consideramos que tanto la Comunidad Indígena de Chuschagasta como todas las otras que resisten el despojo solo cuentan con la legislación nacional e internacional que avala la propiedad comunitaria razón por la cual es necesaria la voluntad política de los gobiernos de turnos para que esto se acabe.
También repudiamos las muertes en el norte argentino por desnutrición, como es el caso que salió a la luz el pasado 14 de abril de un niño de dos años de la familia Castellano integrante de la Comunidad wichi Misión Cañaveral cerca de Santa Victoria Este en la provincia de Salta. Esta muerte muestra la situación de pobreza y abandono a la que son sometidas las comunidades de Pueblos Originarios.
Entendemos que la consolidación del modelo agroexportador y extractivo se está haciendo sobre la base de expropiación de vastos territorios de campesinos e indígenas.
Consideramos que los conflictos sobre tenencias de tierras y ambientales se esparcen por todo el campo argentino a partir del asentamiento del modelo agroexportador con la soja transgénica como insignia, el cual trajo incontables disputas legales a las familias indígenas y campesinas asentadas en las tierras desde hace muchísimos años. Sumado a esto el enorme avance tecnológico que experimenta el campo lejos de beneficiar a los verdaderos dueños de las tierras consolidó a un sector empresario con enormes ganancias y un estado que sustenta parte de su modelo económico en la soja transgénica. Este modelo agroexportador es favorecido por las condiciones internacionales del mercado para la comercialización de la misma.
Creemos que al enorme avance de la soja a partir del proceso de reconcentración de la tierra en manos de unos pocos, de corporaciones trasnacionales que implantan estos monocultivos, contaminan los ríos, privatizan el acceso al agua, se suma el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxico, los desalojos y la criminalización de la protesta de las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas que presentan resistencia y lucha a esta realidad.
Para finalizar esperamos que la sociedad argentina reflexione cuántas muertes, desalojos, criminalización de las legítimas protesta deberemos tolerar en beneficio de la codicia de un grupo concentrado de empresarios que posee semejante impunidad, los cuales se encuentran apañados por ciertos sectores del poder político y de la justicia, que nada tienen que ver con el campo popular.
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