EL TRABAJO EN EL ESTADO, DE MAL EN PEOR - EL DECRETO 324/11: LA MUERTE DE LAS PARITARIAS
El Decreto 324/11 del último día hábil del año 2011 es un DNU de reasignación presupuestaria típico de lo que sucede al cabo de cada año. Sin embargo, en el medio de sus disposiciones que fijan a quién se da, cuanto dinero, se instaló el artículo 8, que nada tiene que ver con el resto y que define en términos prácticos la muerte de las paritarias en el sector público nacional, que ya venían en una larga agonía.
En efecto, allí se establece que los conceptos no comprendidos regularmente en los sueldos de todo tipo de organismo de la administración central, deberán adecuarse a los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda, para confirmar su procedencia y en su caso, limitar sus alcances.
Cualquier lector interesado, pero no avisado de la historia y las implicancias de esta decisión, podría decir que esto no es más que poner orden y que nada hay que objetar. No es así y se necesita un relato detallado.
El trabajo en el Estado lleva décadas de falta de definiciones sobre sus objetivos, porque es el sentido del Estado el que ha sufrido cambios importantes en ese tiempo. Desde 1976 hasta 2001 se cumplió un ciclo donde “Achicar el Estado es agrandar la Nación” fue una consigna hegemónica o en el peor de los casos, sirvió para arrinconar a un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que imaginaba otra cosa en el discurso pero en la práctica cayó también en los planes de “racionalización administrativa”. Con esa consigna estampada en la frente, fue totalmente coherente que todos los que manejaron las relaciones laborales en el Estado lo hicieran con la lógica pseudo patronal – ya que no eran los dueños – de achicar, ningunear, postergar derechos, instalar una y otra vez el desánimo en todo servidor público, hasta llegar a lograr que sintieran vergüenza de ser o considerar el trabajo estatal como un simple aguantadero hasta tiempos mejores.
En todo ese período hubo una sola negociación formal sobre condiciones laborales, que llevó a un convenio marco de cúpula, firmado durante el segundo gobierno de C. Menem, donde se convalidó la idea que la negociación salarial y de condiciones de trabajo en el Estado es similar a la que habría en un ámbito privado.
Desde 2003 cambió positivamente el discurso y cambiaron las intenciones en este tema, como en tantos otros. Desde 2005 comenzaron negociaciones paritarias en serio, con ámbitos propios para cada lugar, desde el Ballet Nacional hasta Senasa o cualquier otro con identidad. Duras y largas jornadas, por la necesidad de todos los participantes de aprender una gimnasia nueva. Pero finalmente en 2007 se firmaron varios convenios. Además de los sindicatos de cada organismo, esto significó un esfuerzo de adaptación a la nueva realidad para los cuadros medios y superiores de los Ministerios de Trabajo, de Economía, la Secretaría de la Función Pública y la Jefatura de Gabinete, que debían preparar y suscribir cada convenio.
El punto es que desde entonces hasta acá, se vino la noche.
Por diversas razones que sería muy largo explicar, los representantes del “Estado empleador” retrocedieron hacia la mirada patronal; se fijaron los aumentos centralizadamente cada año; al vencimiento de los convenios paritarios – 2 años – no se volvió a convocar; las plantas provisorias nunca se regularizaron; las violaciones a leyes laborales generales, como la ausencia de jardines maternales o los cupos para discapacitados, no se corrigieron. Podría seguir con los temas pendientes. Lo concreto y efectivo es que las relaciones laborales retrocedieron a formas y resultados típicos de gobiernos anteriores a nuestro gobierno popular.
No debe extrañar, en tal contexto, que aparecieran parches y soluciones de mayor o menor estabilidad, en todo organismo que pudo hacerlo.
En esa tendencia, resulta dolorosamente lógico que el foco de la mirada sobre el empleo público sea finalmente volver a considerarlo un gasto, al cual debe acotárselo asignando la responsabilidad de ello a quien maneja la caja – la Secretaría de Hacienda -, que es el componente más conservador de cualquier comité estatal que se constituya en el tema.
El problema derivado de esto, no es solo la inequidad real y potencial que representa que decenas de miles de empleados estatales puedan ver afectados sus salarios de bolsillo, por decisiones tomadas en oficinas que ignoran por completo lo que esos empleados hacen. Mirado en perspectiva de proyecto nacional, el problema central es que nuestro gobierno necesita un Estado diferente del neoliberal y esa diferencia requiere trabajadores comprometidos con un proyecto, con mística y con capacidad de tomar iniciativas, lo cual es muy difícil que se concrete por parte de personas que sientan que su salario es mirado básicamente como un costo.
Por supuesto que se debería estar construyendo escenarios homogéneos en materia de relación laboral. Eso es algo que está pendiente desde 2003, porque las asimetrías que existían entonces en el Estado, todavía persisten. Pero llegar a esos escenarios requiere más participación y no menos. Requiere fijar criterios que nunca se han discutido en el último medio siglo, que señalen, por ejemplo, que un joven técnico o profesional puede convencerse de trabajar como servidor público ganando mucho menos que el sector privado. Pero seguramente su condición límite de contención, es que el Estado le debería facilitar el acceso a una vivienda propia, en lugar de tener que asignar – como en muchos casos hoy sucede – el 40% de su sueldo a alquilar. Le debería asegurar un jardín maternal para sus hijos; un mecanismo de almuerzo que no sea comer a hurtadillas en una oficina vaciada al efecto; una perspectiva estable de evolución salarial.
Los compañeros que trabajan en el sector privado podrán decir que eso no sucede en sus ámbitos. ES CIERTO. Es que se trata de dos realidades diferentes y el error está en mezclarlas. En el ámbito privado, se vende la fuerza de trabajo y se tiene libertad para buscar cada día una mejor oportunidad. En el Estado no es así, aunque algunos burócratas quieran asimilarlo. En el Estado, se debe buscar la adhesión permanente del trabajador, sin la motivación de la competencia salarial, que es reemplazada por compartir una meta, una mística de servicio público. A cambio, el Estado debe asegurar las condiciones de respeto y dignidad, que el artículo 8 del Decreto 324/11 violenta e ignora. Un lamentable paso atrás.
¿Lo podremos corregir ?, es posible: LA LUCHA ES LA HERRAMIENTA QUE DA LA FUERZA, LA NEGOCIACION LA CONCRESION DEL OBJETIVO, GRACIAS A ESA FUERZA.
A NO BAJAR LOS BRAZOS, A GANAR LA CALLE
El Decreto 324/11 del último día hábil del año 2011 es un DNU de reasignación presupuestaria típico de lo que sucede al cabo de cada año. Sin embargo, en el medio de sus disposiciones que fijan a quién se da, cuanto dinero, se instaló el artículo 8, que nada tiene que ver con el resto y que define en términos prácticos la muerte de las paritarias en el sector público nacional, que ya venían en una larga agonía.
En efecto, allí se establece que los conceptos no comprendidos regularmente en los sueldos de todo tipo de organismo de la administración central, deberán adecuarse a los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda, para confirmar su procedencia y en su caso, limitar sus alcances.
Cualquier lector interesado, pero no avisado de la historia y las implicancias de esta decisión, podría decir que esto no es más que poner orden y que nada hay que objetar. No es así y se necesita un relato detallado.
El trabajo en el Estado lleva décadas de falta de definiciones sobre sus objetivos, porque es el sentido del Estado el que ha sufrido cambios importantes en ese tiempo. Desde 1976 hasta 2001 se cumplió un ciclo donde “Achicar el Estado es agrandar la Nación” fue una consigna hegemónica o en el peor de los casos, sirvió para arrinconar a un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que imaginaba otra cosa en el discurso pero en la práctica cayó también en los planes de “racionalización administrativa”. Con esa consigna estampada en la frente, fue totalmente coherente que todos los que manejaron las relaciones laborales en el Estado lo hicieran con la lógica pseudo patronal – ya que no eran los dueños – de achicar, ningunear, postergar derechos, instalar una y otra vez el desánimo en todo servidor público, hasta llegar a lograr que sintieran vergüenza de ser o considerar el trabajo estatal como un simple aguantadero hasta tiempos mejores.
En todo ese período hubo una sola negociación formal sobre condiciones laborales, que llevó a un convenio marco de cúpula, firmado durante el segundo gobierno de C. Menem, donde se convalidó la idea que la negociación salarial y de condiciones de trabajo en el Estado es similar a la que habría en un ámbito privado.
Desde 2003 cambió positivamente el discurso y cambiaron las intenciones en este tema, como en tantos otros. Desde 2005 comenzaron negociaciones paritarias en serio, con ámbitos propios para cada lugar, desde el Ballet Nacional hasta Senasa o cualquier otro con identidad. Duras y largas jornadas, por la necesidad de todos los participantes de aprender una gimnasia nueva. Pero finalmente en 2007 se firmaron varios convenios. Además de los sindicatos de cada organismo, esto significó un esfuerzo de adaptación a la nueva realidad para los cuadros medios y superiores de los Ministerios de Trabajo, de Economía, la Secretaría de la Función Pública y la Jefatura de Gabinete, que debían preparar y suscribir cada convenio.
El punto es que desde entonces hasta acá, se vino la noche.
Por diversas razones que sería muy largo explicar, los representantes del “Estado empleador” retrocedieron hacia la mirada patronal; se fijaron los aumentos centralizadamente cada año; al vencimiento de los convenios paritarios – 2 años – no se volvió a convocar; las plantas provisorias nunca se regularizaron; las violaciones a leyes laborales generales, como la ausencia de jardines maternales o los cupos para discapacitados, no se corrigieron. Podría seguir con los temas pendientes. Lo concreto y efectivo es que las relaciones laborales retrocedieron a formas y resultados típicos de gobiernos anteriores a nuestro gobierno popular.
No debe extrañar, en tal contexto, que aparecieran parches y soluciones de mayor o menor estabilidad, en todo organismo que pudo hacerlo.
En esa tendencia, resulta dolorosamente lógico que el foco de la mirada sobre el empleo público sea finalmente volver a considerarlo un gasto, al cual debe acotárselo asignando la responsabilidad de ello a quien maneja la caja – la Secretaría de Hacienda -, que es el componente más conservador de cualquier comité estatal que se constituya en el tema.
El problema derivado de esto, no es solo la inequidad real y potencial que representa que decenas de miles de empleados estatales puedan ver afectados sus salarios de bolsillo, por decisiones tomadas en oficinas que ignoran por completo lo que esos empleados hacen. Mirado en perspectiva de proyecto nacional, el problema central es que nuestro gobierno necesita un Estado diferente del neoliberal y esa diferencia requiere trabajadores comprometidos con un proyecto, con mística y con capacidad de tomar iniciativas, lo cual es muy difícil que se concrete por parte de personas que sientan que su salario es mirado básicamente como un costo.
Por supuesto que se debería estar construyendo escenarios homogéneos en materia de relación laboral. Eso es algo que está pendiente desde 2003, porque las asimetrías que existían entonces en el Estado, todavía persisten. Pero llegar a esos escenarios requiere más participación y no menos. Requiere fijar criterios que nunca se han discutido en el último medio siglo, que señalen, por ejemplo, que un joven técnico o profesional puede convencerse de trabajar como servidor público ganando mucho menos que el sector privado. Pero seguramente su condición límite de contención, es que el Estado le debería facilitar el acceso a una vivienda propia, en lugar de tener que asignar – como en muchos casos hoy sucede – el 40% de su sueldo a alquilar. Le debería asegurar un jardín maternal para sus hijos; un mecanismo de almuerzo que no sea comer a hurtadillas en una oficina vaciada al efecto; una perspectiva estable de evolución salarial.
Los compañeros que trabajan en el sector privado podrán decir que eso no sucede en sus ámbitos. ES CIERTO. Es que se trata de dos realidades diferentes y el error está en mezclarlas. En el ámbito privado, se vende la fuerza de trabajo y se tiene libertad para buscar cada día una mejor oportunidad. En el Estado no es así, aunque algunos burócratas quieran asimilarlo. En el Estado, se debe buscar la adhesión permanente del trabajador, sin la motivación de la competencia salarial, que es reemplazada por compartir una meta, una mística de servicio público. A cambio, el Estado debe asegurar las condiciones de respeto y dignidad, que el artículo 8 del Decreto 324/11 violenta e ignora. Un lamentable paso atrás.
¿Lo podremos corregir ?, es posible: LA LUCHA ES LA HERRAMIENTA QUE DA LA FUERZA, LA NEGOCIACION LA CONCRESION DEL OBJETIVO, GRACIAS A ESA FUERZA.
A NO BAJAR LOS BRAZOS, A GANAR LA CALLE
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